Animal Político y la asociación civil “Mexicanos Contrala Corrupción y la Impunidad” encabezan una investigación donde 192 millones de dólares habrían sido desviados a empresas fantasma.

Algunos investigadores comentan que algunas universidades del país estarían involucradas como probables intermediarias.

En México, la Ley General de Adquisiciones obliga al sector público a licitar sus contratos de obras y servicios. Por cierto, la misma ley permite que el sector público obvie la licitación si contrata con universidades.

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